Por eso, desde el lunes pasado, cuando la Corte Constitucional emitió un boletín revelando la nueva sentencia, una persona que viva en concubinato y no esté afiliada a una EPS y su compañero sí lo esté puede reclamar los servicios de salud y ninguna entidad se los puede negar.
Solo se requiere presentar ante la EPS la cédula de ciudadanía y una declaración ante notario de que están conviviendo como pareja.
Por muchos años fue muy alto el número de personas en uniones de hecho que sufrió por las fallas que presentaba la Ley 163 del 93, si se tienen en cuenta las cifras del Dane que señalan que el 30 por ciento de los núcleos familiares en el país está conformado por parejas en unión libre, modalidad que viene en aumento por diversos motivos, como por ejemplo el no afrontar complicaciones si en un momento dado alguno de los dos quiere separarse.
Lo cierto es que con la sentencia de la Corte dejarán de presentarse casos como cuando una persona soltera se vinculaba a una EPS, pero después de algún tiempo se comprometía en unión libre con alguien. A este beneficiario no lo cobijaban los servicios de salud, sino después de dos años de haberse unido, así el cotizante tuviera tiempo de estar pagando sus cuotas.
La Ley permitía que se desconociera el tiempo de cotización y solo se tenía en cuenta el lapso transcurrido desde la formación de la pareja. Esta situación era injusta, como la califican los autores de la demanda.
Por eso, Carlos Ricardo Cardona dice que lo primero que se observaba en la Ley 163 era la intención de discriminar, porque de entrada establecía la diferenciación entre los matrimonios formalmente constituidos, eclesiásticos o jurídicos, y las uniones libres.
Pero no era el único inconveniente de esa norma. Los investigadores advirtieron que si bien uno de los cónyuges podía estar afiliado a una EPS por su trabajo, su compañero o compañera generalmente estaba vinculado al Sisbén. Es decir, que había gasto de dinero por parte del cotizante, y de recursos del régimen subsidiado, con lo que se le restaban posibilidades de atención a las personas más pobres.
Por eso, la Ley “iba en desmedro del régimen de las ARS y de las personas más necesitadas”, como lo señala María Margarita Rojas.
La misma circunstancia conducía a un riesgo latente en todo momento en el sentido de que el afectado pudiera incurrir en falsedad en documento público porque, para no dejar a su pareja indefensa, fácilmente podía intentar falsificar los papeles de su ‘matrimonio’.
De allí que los dos estudiantes de la Rafael Núñez miren el fallo como “una manito para ordenar los recursos de que disponen los regímenes subsidiado y contributivo”.
Por esa circunstancia lo analizan como una forma de salvar unos recursos que nadie había contabilizado, y que se estaban perdiendo, ya que de alguna manera iban a parar a las arcas de las EPS, que no los transfería en atención. De paso, el beneficio de la medida se extiende a una cantidad de personas que requieren de los servicios de salud en el régimen subsidiado.